El inspector urbanístico

En este último domingo de un mas caluroso que nunca verano, me encuentro inmerso en la redacción de un tema para un curso que voy a impartir sobre disciplina urbanística para técnicos municipales. Se trata de defender la posición del Inspector Urbanístico, función desarrollada en numerosos casos por personal que a mi entender no dispone de los conocimientos apropiados para llevar a cabo esta función y que se limita a levantar montones de actas para que los técnicos, en las oficinas municipales, diluciden si es objeto de infracción aquello que se denuncia y por lo tanto sean ellos los que emitan el informe inicial.

Mi postura siempre ha sido y será que los inspectores urbanísticos deben ser técnicos, preparados al efecto, y corresponde a ellos no solamente el levantamiento del acta de infracción sino también las emisiones de los informes técnicos.

EL INSPECTOR URBANISTICO.

El Capítulo V. La Inspección Urbanística del Titulo X. La intervención administrativa y protección de la legalidad territorial y urbanística de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia recoge quiénes son y que atribuciones tienen los servicios de inspección urbanística de la Comunidad Autónoma según el artículo que la cierra y otorga la obligatoriedad de que cada Ayuntamiento establezca su propio servicio de inspección urbanística o bien lo fije concierte con la Comunidad Autónoma. Así el Artículo 300. Servicios municipales de inspección establece que “cada ayuntamiento deberá establecer su propio servicio de inspección urbanística, salvo que mediante convenio con la Comunidad Autónoma u otros ayuntamientos se acuerde que el servicio de inspección constituido a tal fin se encargue del ejercicio de las funciones inspectores en un determinado municipio.”

Para la constitución de dicho servicio de inspección el punto 2 del Artículo 297 de la propia Ley recoge que “Los miembros de dichos servicios de inspección, y en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad y en dicho ejercicio estarán facultados para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística aplicable y obtener la información necesaria para el desarrollo de su actuación”.

Para poder efectuar dicha inspección el punto 3 del mismo articulado establece que “A estos efectos tendrán libre acceso a los edificios o locales donde se realicen las obras o usos que pretendan inspeccionar, de acuerdo con las disposiciones legales que sean de aplicación. De igual forma podrán recabar la exhibición de la documentación urbanística obrante en poder del interesado o de cualquier organismo público o privado. 

El mismo articulo en su punto 4 recoge que “Se considerará obstrucción a la actividad de inspección:

a) La negativa injustificada a permitir el acceso a un inspector debidamente acreditado, salvo en los casos en que sea exigible autorización judicial y no se haya obtenido ésta.

b) La negativa a efectuar la exhibición de la documentación a que se refiere el apartado 1.

c) La incomparecencia en el lugar y fecha señalados por la inspección a efectos de la acción inspectora.”

La manera de recoger dichas labores de inspección pasa por redactar documentación que acredite la función inspectora mediante el levantamiento de las diligencias pertinentes tal y como recoge el artículo 298 de la LOTURM que legisla que “Las actas, partes de infracción o diligencias levantadas por los inspectores urbanísticos tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario, y darán lugar necesariamente a la actuación de oficio de los diferentes órganos urbanísticos competentes.”

Por lo tanto, los inspectores urbanísticos deben ser designados por el Ayuntamiento y tienen consideración de agentes de la autoridad. Parece evidente que para poder desempeñar las labores que le requiere la Ley es necesario que estos inspectores deban tener una formación de carácter técnico y/o jurídico más aun al tener atribuida la facultad “para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística aplicable y obtener la información necesaria para el desarrollo de su actuación”, ya que a la vista de los requisitos que se exigen se deben equiparar con los necesarios para el informe técnico necesario para otorgar licencias urbanísticas.

De lo expuesto en la Ley parece desprenderse que la definición más coherente para la figura de inspector urbanístico debiera ser personal de naturaleza técnica perteneciente a la administración y designados por el Ayuntamiento y que tendrán consideración de agentes de la autoridad.

El porqué de esta naturaleza técnica reside en la necesidad de tener unos conocimientos que permitan no solo comprobar que lo ejecutado se ajusta a la legalidad urbanística expuesta en el punto 2 del Artículo 297 sino poder discernir la tipología constructiva, los elementos que componen el inmueble así como ser conocedor del proceso constructivo, ya que deberá tener la capacidad suficiente de juzgar si lo ejecutado se ajusta a la licencia urbanística otorgada en su caso.

Sabemos que en la actualidad, en los municipios de la Región de Murcia se apuesta por dos modelos en los servicios de inspección. Por una parte, en los Ayuntamiento de cierto tamaño, se cuenta con Inspectores Urbanísticos designados expresamente por la Corporación cuyo cometido es el levantamiento de las Actas o Partes de Inspección para que posteriormente sean los técnicos municipales los encargados de dilucidar si corresponde o no emitir informe técnico para la incoación del oportuno expediente sancionador. En los municipios de menor tamaño, el funcionamiento es similar pero las labores de Inspección Urbanística suele ser desarrolladas por los Agentes de la Policía Local.

Por lo tanto y volviendo al principio de la Ley parece evidente que en la mayoría de los casos expuestos anteriormente el Inspector Urbanístico carece tanto de los conocimientos técnicos como legales que le permitan emitir un juicio de valor sobre el cumplimiento o no de la legalidad urbanística.

La junta de Andalucía en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo en su exposición de motivos exhibe que “(…/…). Siendo la Administración de la Junta de Andalucía la que ha de garantizar la ordenación territorial y urbanística de Andalucía, así como velar por el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda y su ejecución, ha de dotarse de los medios e instrumentos necesarios para conseguir dicha finalidad, y ante la complejidad técnico-jurídica de unas disciplinas como éstas, y la extensión geográfica sobre la que se proyecta, se considera imprescindible la creación de este Cuerpo de funcionarios, que se integra en el Grupo A, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. (…/…)” en clara referencia a la necesidad de crear El Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Si a lo anteriormente expuesto añadimos lo establecido en la LOTURM, en el Artículo 281. Definición de infracciones urbanísticas, en su punto 1 “Constituye infracción urbanística toda acción u omisión que vulnere las prescripciones contenidas en la ordenación territorial y urbanística, tipificadas y sancionadas en la presente ley.” Parece más que evidente que nos encaminamos a una formación muy especifica dentro del campo de la infracción urbanística.

Por ello y para concluir debemos definir la figura del Inspector Urbanístico, como personal con formación técnica, perteneciente a la administración, integrados en un cuerpo de funcionarios dentro del grupo A1 o A2 y que tendrán consideración de agentes de la autoridad, y así debiera figurar en las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Ayuntamientos.

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Un pensamiento en “El inspector urbanístico

  1. Fernando Jabonero Orasio

    Estupendo Post.
    Me he encontrado con cientos de actuaciones municipales en los que la vulneración de la normativa por parte del Ayuntamiento -Alcalde y Secretario- ha sido la norma. Hasta se certifica como Inspector Municipal Urbanístico a un Policía Local o a un Arquitecto Honorífico como Arquitecto Municipal -funcionario de la subescala técnica-

    ¡España, en vena!

    Responder

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